Libertad de Expresión
Comunicado de prensa R159/23
México:
RELE condena atentados contra la vida e integridad de periodistas en Nayarit y
Guerrero, y llama a las autoridades a investigar los hechos con celeridad
20 de julio de 2023
Washington D.C. - La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Luis Martín Sánchez Íñiguez y la privación ilegítima de la libertad de los periodistas Jonathan Lora Ramírez y Osiris Maldonado De La Paz, en el estado de Nayarit, y el asesinato del periodista Nelson Matus, en el estado de Guerrero. La RELE hace un enérgico llamado a las autoridades a investigar los hechos de forma rápida, seria, imparcial y efectiva, y a juzgar y sancionar a los responsables.
De acuerdo con la información disponible, el sábado 8 de julio, el periodista Luis Martín Sánchez Íñiguez fue encontrado sin vida en la localidad El Ahuacate, municipio de Tepic, estado de Nayarit, después de haber sido secuestrado por sujetos desconocidos y encontrarse desaparecido durante tres días. La Fiscalía General de Nayarit confirmó el asesinato del periodista, e indicó que su cuerpo presentaba signos de violencia y sobre él dos cartulinas con una leyenda en letra manuscrita. Según información pública, al momento del secuestro en su domicilio, los perpetradores se habrían llevado herramientas de trabajo del reportero, como su computadora, el celular y un disco duro. Sánchez Íñiguez se desempeñaba como corresponsal del periódico La Jornada y colaborador del portal digital local Crítica Digital Noticias (CDN).
Por otro lado, se tuvo conocimiento de la privación ilegítima de la libertad de los periodistas Jonathan Lora Ramírez y Osiris Maldonado De La Paz, el 7 y el 3 de julio respectivamente, también en Tepic. Lora Ramírez y Maldonado De la Paz habrían sido liberados el 9 de julio. Según informaron las autoridades, estos hechos tendrían relación con el secuestro y homicidio de Sánchez Íñiguez.
Esta Oficina destaca que, conforme declaró la Fiscalía General de Nayarit, se han abierto varias líneas de investigación sobre estos hechos, siendo la principal la relacionada con la labor periodística de las víctimas. Según las primeras investigaciones, se conoce que los tres reporteros en algún momento colaboraron en proyectos conjuntos relacionados con su ocupación, así como en cuestiones de índole personal. Asimismo, valora el mensaje del presidente, en el que lamentó los hechos y envió un mensaje de solidaridad a los familiares, amigos y colegas del periodista.
Adicionalmente, el 15 de julio fue asesinado el periodista Nelson Matus, en Acapulco, estado de Guerrero. El reportero fue atacado con disparos de arma de fuego por parte de hombres armados, en un estacionamiento de la colonia Emiliano Zapata. Nelson Matus era director del medio local Lo Real de Guerrero, donde cubría temas sobre violencia e inseguridad ciudadana. La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado con arma de fuego, y reiteró su compromiso de agotar las líneas de investigación que surjan.
A partir de los mencionados hechos, la cifra de periodistas asesinados en México en lo que va de 2023 asciende a seis, según los reportes recibidos por la RELE. Previamente, se registró el crimen de los periodistas Abisaí Pérez Romero, José Ramiro Araujo Ochoa, Gerardo Torres Rentería y Marco Aurelio Ramírez.
La Relatoría observa
que estos hechos ponen de manifiesto la situación de grave riesgo en la que se
encuentran los periodistas y comunicadores en distintas zonas de México, en la
que resulta extremadamente difícil que realicen investigaciones y publicaciones
sobre temas como crimen organizado, narcotráfico, corrupción, seguridad pública
y asuntos similares. En este contexto, algunos periodistas pueden recurrir a la
autocensura como forma de protegerse frente a ataques y amenazas, lo que
impacta de forma significativa en la circulación de información de interés
público en esta región. Tal como ha
señalado la Corte Interamericana, "el ejercicio periodístico
sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son
víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros
actos de hostigamiento".
En relación con la obligación del Estado de proteger a periodistas en riesgo, esta Oficina ha dado seguimiento a las propuestas del Estado para reestructurar la política de protección a nivel federal, partiendo del fortalecimiento del marco jurídico. De acuerdo con la información proporcionada por el Estado, la iniciativa de Ley General impulsada en 2022 tiene como objeto mejorar la implementación de la seguridad a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como fortalecer las acciones de protección, buscando generar obligatoriedad en la materia para las autoridades de los tres órdenes de gobierno y bajo el mandato constitucional que reconozca el derecho a defender derechos humanos y proteger a quienes ejercen la libertad de expresión. Asimismo, se informó sobre un incremento del del 62% del presupuesto para gastos de operación en 2022, con respecto al año anterior.
La Relatoría Especial reitera su condena a toda forma de violencia contra periodistas y hace un llamado a las autoridades para que realicen una investigación exhaustiva y pronta, e identifiquen, juzguen y sancionen a los responsables. Asimismo, llama al Estado mexicano a adoptar medidas de protección para las y los periodistas en riesgo, así como a desplegar sus máximos esfuerzos en mejorar las políticas de protección de personas periodistas en todo el territorio. Ello incluye, entre otros aspectos, la colaboración y coordinación entre las diferentes instancias de gobierno. Si bien la Relatoría saluda los esfuerzos institucionales para robustecer el sistema nacional de protección, observa que éstos aún no se han traducido en resultados y mejoras concretas, por lo que llama a las autoridades a redoblar sus acciones en esta dirección.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
(RELE) es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad
de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la
consolidación y el desarrollo del sistema democrático.